El uso de fuerzas militares para tareas de seguridad pública se ha convertido en un enfoque común para combatir el crimen y la inseguridad. Los promotores de estas políticas de "mano dura" las consideran necesarias para controlar el crimen, mientras que los detractores afirman que podrían violentar los derechos humanos. En Cali, Colombia, los investigadores llevaron a cabo una evaluación aleatoria de un programa de policía militar llamado “Plan Fortaleza” para medir rigurosamente los impactos de la policía militar en las tasas de criminalidad y los derechos humanos. Los resultados revelaron que el programa de policía militar no tuvo ningún impacto en la delincuencia durante la implementación y tuvo efectos negativos después de su finalización.